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12 Oct

Tarjetas "Black", ¡todos a la cárcel!

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El escandalo de Caja Madrid sigue coleando en la actualidad de España. Ahora hemos sabido en qué se gastaron el dinero, recordemos, más de 15 millones de euros, estos sinvergüenzas. El nivel de cabreo está llegando a límites insospechados, pero cuando se han conocido los conceptos, a más de uno se le ha pasado por la cabeza la imagen de una guillotina. No contentos con disponer de sueldos millonarios, excelentes planes de pensiones -no uno, varios- y otros sobresueldos inherentes a su cargo, estos bandoleros hacían uso de unas tarjetas no declaradas que, encima, no tenían empacho alguno en disponer libremente y para todo tipo de servicios. Se suponía que eran para gastos de representación, pero sobre este concepto apenas ha habido justificación, a no ser que un masaje filipino sea un ejemplo representativo. Pero para muestra, los siguientes.

El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, pagó safaris, vino y joyas con su tarjeta, de la cual dispuso de 436.700 euros, sin tener en cuenta su sueldo, alrededor de 2.5 millones de euros anuales. Su voracidad, desvergüenza y falta de ética no tenía límites. Un sujeto que llegó a declarar ante el juez que había sido víctima de un linchamiento mediático y una persecución por parte del Juez Silva cuando lo ingresó en la cárcel dos veces. Recordemos que este juez ha sido inhabilitado 17 años por ello, lo que siginifca el final de su carrera judicial. El motivo, dos delitos contra las garantías constitucionales por la indebida privación de libertad de Miguel Blesa y Gerardo Díaz Ferrán, este último es otro de los que ha utilizado la tarjeta Black para sus caprichos, entre otros, gastarse más de 10.000 euros en restaurantes ¡de su propiedad!. Ahí queda eso.

Otro ejemplo, el ex-jefe de la Casa Real -aquí están todos implicados- Rafael Spottorno gastó 10.000 euros en trajes, otros 15.000 en eletrodomésticos y menage para el hogar, además de disponer de más de 50.000 euros en efectivo. El ex-secretario de UGT en Madrid, José Ricardo Martínez llegó a pagar la multa de un arrastre de la grúa, además de restaurantes, videojuegos y compras en El Corte Inglés. El consejero de Izquierda Unida, Juan Moral Santín, sacó en efectivo el máximo disponible en su tarjeta, a saber, 360.000 euros en nueve años, siempre desde el cajero. Si aplicamos una simple división, veremos que este miembro de la izquierda trabajadora gastó más de 3.000 euros mensuales solo en este concepto, sueldos aparte. Recordemos, el salario mínimo en España no supera los 700 euros al mes.

El Consejero nombrado por el PSOE, José María de la Riva, llegó a pagar comilonas de más de 1.000 euros y varias dietas para adelgazar; se ve que le daba cargo de conciencia y después de llenar el enorme volumen de su estómago, recurría a métodos para que no se notara. Otro miembro de este partido, Jorge Gómez Moreno gastó 370 euros en la discoteca Amnesia, en Ibiza, este agosto pasado. El responsable de control de gastos de Caja Madrid, Pablo Abejas, pagó sus vacaciones en Lanzarote, Cádiz y Marbella, además de muebles y juguetes. Y como ejemplo indigno y altamente repugnante está el Consejero del PP, Ricardo Romero de Tejada, que invirtió 4.500 euros en armas, además de puros y lotería. Como se ve, gastos de representación, ¡armas!.

La lista es interminable, pero con esos ejemplos se hace uno una idea del desfalco y la desvergüenza de estos padres de la patria, pero no deberíamos sorprendernos por ello, se trata simplemente de una consecuencia del déficit democrático que padecemos y de la perversión que ha infligido La Casta a nuestras instituciones durante casi 40 años. Tenemos un sistema penal diseñado para proteger a bandoleros de esta calaña y para castigar sin miramiento alguno al más débil, así de claro. Hemos llegado a tal extremo que los representantes de la gran economía gozan de una inmunidad e impunidad que les permite comportamientos de este estilo a pesar del rechazo de toda la sociedad. Les da igual cuán mal lo estén pasando otros, se la trae al fresco, saben perfectamente que la Ley les protege, en definitiva, son intocables, como los Papas o Reyes en la Edad Media.

Y no es una opinión personal esto último que he dicho, no. El Fiscal General del Estado ya ha declarado que en principio es prematuro hablar de delitos en relación al uso de las tarjetas. Se supone que necesitarán más pruebas e investigar más a fondo. Haré de pitoniso: Desfilarán por el juzgado, pasarán la vergüenza del escarnio público en forma de insultos, declararán ante el juez que no sabían nada y el tiempo diluirá el asunto quedando en el baúl de los recuerdos.

Me pregunto qué hubiera pasado en otros países, por ejemplo Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Dinamarca u Holanda. ¿Estarían esperando a que los jueces dictaminaran o ya habrían tomado medidas preventivas, como por ejemplo dimisiones en masa y comparecencias para dar explicaciones?. Yo no tengo dudas, como mínimo habrían cesado automáticamente de sus cargos, se hubieran abierto investigaciones rápidamente y se depurarían responsabilidades más pronto que tarde, amén del escarnio público que habrían sufrido. Y, por supuesto, desfilarían uno tras otro camino de la celda correspondiente. En estos países no dejan que las cosas se olviden, erosionadas por el paso del tiempo. Actúan en consecuencia, sin miramiento y sin importarles el nombre del presunto delincuente. Si la hacen, la pagan. Esta forma de proceder no es, ni más ni menos, que una necesidad innegociable de mantener a buen recaudo su dignidad democrática, porque, ¿qué imagen exportamos al exterior con este tipo de prácticas?. Las noticias de este estilo suelen aparecer en países de dudosa salud democrática, podridos de corrupción o que sufren violentas dictaduras militares. No es de recibo que ocurra en Europa, de hecho es así salvo en España y algún otro país del sur. No es raro, pues, que nuestra pulcritud democrática esté en entredicho y generemos esa desconfianza en otros socios europeos. No es para menos.

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